¿DÓNDE ESTÁ LA JUSTICIA?

El artículo 1.1 de nuestra Constitución dice: "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político".
Lamentablemente, la Justicia en nuestro país está en el punto de mira por varias razones. En primer lugar, ante el reciente asesinato en Sevilla de la joven de 17 años Marta del Castillo, se ha creado una psicosis colectiva y se reclama el cumplimiento íntegro de las penas en los delitos de sangre y de violencia machista. Aunque ha sido detenido el principal sospechoso por su muerte y desaparición (su ex-novio Miguel C.D.), aún no se ha encontrado su cuerpo en el río Guadalquivir. La verdad es que este tipo de violencia es una auténtica lacra en nuestra sociedad y parece que a pesar de que se trata de proteger a las mujeres amenazadas, las medidas tomadas no terminan de dar resultado.

En segundo lugar, se ha hablado mucho de la investigación que está llevando a cabo Baltasar Garzón, el juez de la Audiencia Nacional, sobre una trama de corrupción. Opino que este hombre sería un excelente ministro de Justicia (un buen relevo para el señor Bermejo), pues tiene un sentido de la ética y de la equidad muy desarrollado, pero con sus actos no deja a nadie indiferencia pues tiene tantos defensores (que hasta le han propuesto al Nobel de la Paz) como detractores (que desean su jubilación de la judicatura). Este magistrado ha protagonizado varias cruzadas contra la droga, la delincuencia organizada, el terrorismo y la corrupción y considero que no hemos sabido valorar su generosa aportación a la Justicia de este país. Ciertos altos cargos del PP aparecen como imputados en varios delitos de corrupción. Creo que ese tipo de actos deplorables habría que cortarlos de raíz, al margen del color político de los responsables y se debería llegar hasta el final. Me sorprende que la plana mayor conservadora quiera recusar al juez, dudando de su imparcialidad, tal vez con el propósito de obstaculizar la investigación. Los ciudadanos tenemos derecho al esclarecimiento de la verdad y si se demuestra que alguien se ha enriquecido irregularmente debe vérselas con la Justicia. ¿O es que el hecho de ser aforado les da a ciertos políticos carta blanca para saltarse la ley y servirse del cargo público que ocupan en beneficio personal?
El último aspecto sobre el que quiero reflexionar es sobre la huelga de jueces. Hace un año era el personal de Justicia el que reclamaba una homologación salarial. Pero ahora parece ser que en esta época de crisis, sólo está al alcance de los ciudadanos mejor retribuidos pueden reclamar sus derechos: los pilotos de Iberia, los jueces, etc. Y yo me pregunto, ¿es admisible que se paralicen procesos civiles y penales en toda España por una huelga (para muchos) ilegal? Estos últimos gozan de un privilegiado salario y en su mano están decisiones trascendentales, que influyen en la vida de muchas personas. Los que pagamos nuestros impuestos exigimos que se hagan las reformas necesarias para que el Poder Judicial funcione y haya por fin una justicia digna, que es lo que necesitan todos los ciudadanos.